“…En el presente caso consta la imposición de cien mil quetzales por cada delito [producción de pornografía de personas menores de edad y comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad], lo que se estima encontró asidero legal en lo regulado por dichas normas jurídicas, pues es obvio que dicha cantidad no rebasó la máxima de quinientos mil, ni fue menor a la mínima de cincuenta mil. De esa cuenta al encontrase la multa impuesta con base en dichos rangos, se estima aplicada conforme a derecho y por consiguiente ningún agravio se le ocasionó al procesado que proceda su reparación a través de la presente vía…”